Diario de una provincia abandonada. Por Isabel Reguilón. Nº 1 de Unidas Podemos a las Cortes de Castilla y León por Zamora.

 

Diario de una provincia abandonada.

MODELO PÚBLICO EN SECTORES ESTRATÉGICOS.

Por Isabel Reguilón. Nº 1 de Unidas Podemos a las Cortes de Castilla y León por Zamora.

Levanto la voz bien alto para decir los nombres que dejan claro de qué hablamos:

Ricobayo, Almendra, Cernadilla, Valparaíso, Vega de Tera, Villalcampo, Agavanzal. Estos nombres zamoranos a los que podemos añadir Barrios de Luna, Riaño, Aldeadávila, Saucelle, Santa Teresa y otros más, nos remontan unos cuantos años atrás.

Aunque quizás no tantos. Muchos protagonistas todavía viven. Viven y recuerdan como una sangría para las tres provincias de León la historia de expropiaciones forzosas que obligaron a un sinfín de familias a recoger sus pertenencias, echarlas al carro y buscarse la vida en un lugar extraño.

 Cada vez que la sequía deja al descubierto alguno de aquellos pueblos  abandonados vuelve de inmediato la añoranza. No se trata de hacer de esto un melodrama. No se trata de cuestionar si aquello fue necesario o no. Vamos a dar por hecho que sí, que los embalses eran necesarios. Y que el Duero está ahí y que gracias a él Zamora es la mayor fuente de energía hidroeléctrica de toda España. Bien. Pues se supone que eso tendría que darnos unos beneficios. Y si hablamos de energía, uno de los sectores más rentables de la economía, pues resulta que tendríamos que estar entre los más ricos. Casi que codeándonos con Dubai y Abu Dabi.

¿Es así?. Claro que no. Porque después de todo ese sufrimiento costeado con fondos públicos, sin riesgo para nadie, se pone la gestión en manos de una empresa privada, inicialmente Iberduero y que ya nos ha quitado hasta del nombre.

Esa empresa nunca cotizó en Zamora, no dejó aquí ni un solo rédito de sus beneficios, algo que también duele en esta tierra.

Sesenta años después de construir la presa de Ricobayo, todavía había pueblos en su ribera que carecían de alumbrado público.

Hoy en día esta concesionaria sigue sin estar obligada a aportar un canon a los ayuntamientos por la ocupación de terrenos.

Y, dejamos para otro día su sistema de trabajo, con cables y cables por las fachadas con tal lío que no hay manera de hacer una foto decente en ninguno de nuestros pueblos. Como para fomentar el turismo con esta gente. Y también posponemos el debate sobre embalsados y desembalsados, que no  quiero ser pesada. Y habrá que posponer también su papel en la economía de cada uno de nuestros hogares y empresas al fijar el precio de la luz. Mejor pasamos a otra cosa.

Pues resulta que al preparar esta ponencia me he percatado que el método utilizado en la gestión de la energía eléctrica nos ilumina cual bombilla para seguirle el rastro al resto de sectores.

Me monto mi chiringuito con dinero público y luego le cobro el servicio privado a la administración pública, negocio redondo sin posibilidad de fracaso.

Si la energía es un sector de lo más estratégico, el de la asistencia social se puede decir que es igual de básico, lo que para esta gente significa ‘imposible fracasar’.  En un momento dado, no sé deciros cuando en concreto, en el Partido Popular comprenden que eso de la asistencia social va a tener futuro, y con esa información ponen en marcha un plan de lo más sutil, como corresponde a un área tan delicada.

Si a cualquiera de nosotras y nosotros nos dicen que hace falta abrir un centro asistencial para dependientes en nuestra provincia, damos por hecho que la Junta de Castilla y León va a asumir sus responsabilidades, abrir una partida presupuestaria para su construcción y poner en marcha todo el proceso que la legislación requiere. Pues no. Error.

El Partido Popular de Zamora pone en marcha su maquinaria. Encarga a gente de su partido la creación de una asociación preocupada por ese colectivo en concreto y ésta es la que pone en marcha la inversión, con subvención pública, por supuesto, porque si no, no sale. Y es esa asociación la que se encarga de la gestión de su centro, que para eso es suyo, o sea, privado y su gestión, privada, se mantiene con subvenciones públicas, por supuesto. Y como aquí todo lo que hay es filantropía y sensibilidad con los colectivos más necesitados, me ayudo en la financiación con cuotas de familiares y las aportaciones de actos benéficos, de manera que quien se beneficia del servicio depende también de la beneficencia y cree a pies juntillas que quien da este servicio le está haciendo un favor.

Y ahí viene la parte sutil. ¿Quién va a criticar a quien realiza una labor humanitaria?

Nadie, porque resulta que ese promotor privado está resolviendo una carencia del sistema. ¿No sería más lógico que ese colectivo se hubiera dedicado a reclamar a la Administración la asistencia que ellos están realizando?. ¿Tengo que preguntar que si la atención a estas personas fuera de carácter público sería distinta?. ¿Puede una administración eludir sus responsabilidades limitándose a subvencionar a alguien que está haciendo la labor que tendría que hacer ella?

El método seguido en lo relativo a residencias de mayores es muy similar. Pocas son en la provincia de Zamora las residencias de titularidad completamente privada. En la mayoría de los casos, hablamos de edificios levantados con dinero público a iniciativa de ayuntamientos rurales que quieren que sus vecinos y vecinas se queden en el pueblo cuando ya no se valgan por sí mismos, dado que muchas veces la familia reside fuera y no tiene posibilidades de afrontar esa atención.

Hasta ahí todo bien, si no nos ponemos tiquis miquis, porque resulta que en este caso la Administración local ya está asumiendo una parte, si no toda, de la inversión, en lugar de que lo haga la Administración que tiene competencias en el tema, o sea, la Junta de Castilla y León.

Pero el dilema empieza una vez construida la residencia. Hay que poner en marcha el servicio y, desde luego, la Administración local no cuenta con los recursos necesarios para asumir la gestión de unas competencias, no lo olvidemos, que no le corresponden.

Tendría que ser la Junta quien asumiera ahí sus responsabilidades, pero tampoco lo hace. Se saca a concurso la licitación para que una empresa se haga cargo y para que así sea y dispongamos de una residencia en nuestro pueblo hay que ponérselo muy fácil a la empresa. Es decir, no te cobro alquiler por unas instalaciones a estrenar y, no lo olvidemos, que también es muy importante, completamente equipadas. Y, como esto todavía nos parece poco, añadimos una ayudita más. Creamos la figura de plaza concertada y te concedemos un número de ellas para asegurarte unos ingresos fijos de carácter público. 

¿Qué pone todo esto de manifiesto?. Que no es que se favorezca lo privado, es que se usa lo público para montarle un chiringuito a lo privado y lo que tiene que ser gestión pública pasa a depender de la gestión privada pero, eso sí, sin correr riesgos porque inversión, mantenimiento y averías ya se las resuelve la administración pública y, si es necesario, se les inyectan más ayudas extraordinarias si así lo pide la concesionaria.

Con este modelo no sólo está en juego la calidad del servicio. El gestor privado no acude a ningún concurso público para la contratación del personal, lo que significa que no tiene por qué tener la plantilla tan profesionalizada como sería en caso público ni tener cubierta la plantilla necesaria. Es más, en algún caso hasta tiramos de voluntariado muy voluntarioso.

Segundo. A esa plantilla no le tengo que pagar lo mismo que le pagaría a una empleada o empleado público. El precio casi que lo pongo yo, y las condiciones de trabajo, también. ¿Hay que especificar aquí los problemas que esto puede conllevar en atención a personas mayores?

Hasta ahí hablamos de calidad, pero ¿Cuánto le cuesta a un jubilado una plaza de residencia. ¿Se la puede permitir? Pues lo mismo que con la luz. La residencia se ha construido con dinero público pero si Iberdrola no paga canon, yo tampoco alquiler. Y si Iberdrola es quien decide a qué precio pago yo la luz, ¿quién decide lo que cuesta una plaza residencial? El precio lo pone la empresa y resulta que varía si es en Villanueva del Campo o en Santa Cristina de la Polvorosa.

¿Habéis oído o leído en los últimos años que la Junta de Castilla y León iba a construir una residencia de ancianos? (NOTA: Va construir una en la capital pero cerrará la que ya existe sin aumentar en el balance el número de plazas). No, a pesar de que esa es su competencia, se limita a subvencionar a las empresas que ya gestionan sus edificios públicos y concertar con las que son privadas un número de plazas para asegurarles que su negocio no sea una ruina.

¿Es muy duro decir que han convertido a personas mayores, enfermos y dependientes en mercancía?. Por si acaso, no lo he dicho.

Pues del sector asistencial pegan el salto al resto, sin problema ni rubor ni cortapisas, yendo de lo sutil a lo burdo a toda mecha. Hemos llegado a verlos convertirse en un partido plagado de emprendedores haciendo suculentos negocios. Ahí tenemos la trama eólica como claro ejemplo, otra vez la energía, si os dais cuenta.

35 años manteniendo en funcionamiento la apisonadora de lo público que se llama Partido Popular hace que además de la luz, tengamos privatizado el agua, las basuras, los aparcamientos, limpieza, comedores y lavandería de colegios y hospitales, un servicio de diálisis, la ayuda a domicilio, la teleasistencia y ahora, atentos, porque en esta provincia volvemos a ser pioneros, se abre un nuevo campo, los ciclos formativos de educación profesional que quieren repartir entre los colegios religiosos para mayor gloria de los padres y madres. Han empezado por las madres porque son muy educados.

Nos enfrentamos a una maquinaria pesada, muy pesada. Alimentada por personajes que llevan el materialismo a su máximo extremo, que no ven enfermos, ancianas, vecinos, ciudadanas, son como el Tío Gilito con el signo del dólar en los ojos. Todo dinero. Negocio. Business del sucio.

Han hecho de la política una profesión, que, si es profesión, al menos que sea digna, pero resulta que tampoco, que también aquí han privatizado. Es una política al servicio de unos pocos, también materialistas, malos emprendedores que necesitan de favores para que su empresa funcione porque ellos no saben mantener un negocio rentable.

Cómo no recordar aquí al genial Berlanga y el retrato que hizo de toda esta gente en La Escopeta Nacional. Pues, ya lo veis. Los métodos del franquismo siguen vigentes y las empresas que en ese régimen se encargaban de las obras públicas, no han perdido un ápice de poder. Esa es la apisonadora a la que nos enfrentamos.

Y vamos a tener que pararles. Ya les hemos ido poniendo freno, aunque no lo parezca. Recordad que el 15M surgió por esta cuestión, privatización del sector sanitario. Y que el freno puesto ha sido levantando la voz, diciendo bien alto que decidimos entre todas y todos, que no consentimos abusos de gente corrupta que aún no ha entendido el significado de la palabra democracia y sigue creyendo en la tiranía y la dictadura.

Que si se está en lo público es para defender lo público, que nuestra sanidad sea el modelo de atención a toda la ciudadanía en el momento y hora que se necesita, sin listas de espera, sin consultorios cerrados, sin consultas telefónicas, sino presenciales, con atención pediátrica en zonas rurales, con una atención mental que satisfaga las necesidades de la población, sin una sola de las carencias actuales.

Que si se está en lo público es para gestionar las competencias de lo público, la asistencia a personas mayores debe ser completamente pública, la asistencia a dependencias también, la educación, de igual manera.

Y si no creen en lo público, el público tiene que darles una lección porque no basta con echarle el freno a la máquina apisonadora del PP. Significa que hay que pararla, hacerla girar y llevarla en dirección contraria hasta el desguace.

No vamos a permitir que nos distraigan, que nos inviten a tomar unas cañas en una terraza a finales de enero mientras nos niegan el cambio climático, la pandemia y el efecto mariposa.

Vamos a levantar la voz cada vez que uno de nuestros derechos es pisoteado porque somos la voz de todos y todas y bien alto vamos a decirle al Partido Popular que Castilla y León ya no se cree sus cuentos y que cuanto más se extreme, peor le va a ir, por muchas encuestas que compre. Y en voz bien alta vamos a denunciar toda la corrupción de este partido porque toda privatización es corrupción de la gestión pública.

 Llevamos ocho años siendo la voz de todas y todos y vamos a seguirlo siendo. Porque sabemos que somos necesarios y necesarias. Porque somos conscientes de lo que Castilla y León se juega. Porque queremos un nuevo modelo social en esta tierra. Porque no queremos que ni uno solo de nuestros jóvenes se tenga que marchar sin quererlo. Porque no queremos que ni uno solo de nuestros mayores carezca de los cuidados que se merece. Porque nos gustan nuestras ciudades y nuestros pueblos, nuestras montañas y nuestros valles. Porque nos sabemos ricos y no nos gusta que gente corrupta nos convierta en pobres. Porque sí se puede lo decimos bien alto.