LA REMUNICIPALIZACIÓN Y SUS PROBLEMAS

LA REMUNICIPALIZACIÓN Y SUS PROBLEMAS.

Se supone que los centros urbanos, en su nacimiento, ofrecían ellos mismos todos los servicios necesarios.

Es decir cada municipio tenía unos trabajadores (propios) que hacían la limpieza, proveían de agua, etc.

Por alguna razón, o porque a lo mejor no en todos los servicios públicos fue así, resulta que estos, o parte de estos, se privatizaron, o sea, se le daban al ciudadano pero pagando el Ayuntamiento a empresas privadas para que los ofrecieran.

El caso es que conceptualmente, entre los partidos de izquierdas se habla de remunicipalizar servicios.

La razón radica en que:

1º.- Es bueno que el ciudadano tenga en su mano el control absoluto de todos los servicios que deben estar a su servicio, por razones obvias.

Y 2º.- Es más barato para el pueblo  puesto que en cada servicio se ahorra el 27 %.

Para que se entienda, suponiendo que el conjunto de servicios privatizados de un Ayuntamiento, sumen 10 M€, pues resultaría que remunicipalizados sólo costarían 7,3 M€ (suponiendo ello un ahorro para el municipio de 2,7 M€ al año; una cifra importante).

Planteado el problema ¿por qué no se resuelve en el sentido de remunicipalizar?

Veamos: Primero vamos a matizar lo del ahorro del 27%.

Ese embuche de dinero sale de lo siguiente:

i).- Si el Ayuntamiento paga a una empresa tiene que abonar el 21 % de IVA, cantidad, que si el servicio lo dan los funcionarios de la institución se ahorra.

ii).- Por otro lado, toda empresa pone en su factura, en los costes; lo que llama el “beneficio empresarial” (que es del 6%), así que por tanto, si no se contrata a ninguna empresa, es un 6 % lo que se ahorra el Ayuntamiento por este concepto.

Ahora bien, conviene reparar en lo siguiente: El 21 % que ahorra  el municipio en IVA lo pierde el Estado (que es el que se lo llevaba) y por tanto al ciudadano ni fu, ni fa.

En este sentido debería de producirse de una vez la célebre reivindicación de la izquierda.

Que de cada 100 € que se recauden, 33 sean para la estructura estatal, 33 para las autonomías y 33 para el conjunto de Ayuntamientos (que ahora sólo reciben el 15 %  de los ingresos estatales).

Si este paso se diera no urgiría tanto la remunicipalización por razones económicas, porque ella sólo supondría un ahorro del 6 % (aunque eso no es nada despreciable en el conjunto del Estado).

Pero llegados aquí la pregunta es ¿Por qué no se hace lo que es bueno hacer?

Porque no es fácil.

Primera dificultad: Si la empresa X tiene la concesión de un servicio por 10 años, y un Ayuntamiento pretende remunicipalizar cuando aún faltan 4, tendría que indemnizar a dicha empresa, por el llamado “lucro cesante” (que es de suponer que sea del 6 % por año; y tal vez por el estropicio causado a la misma-despido de trabajadores- etc).

Por tanto, una remunicipalización sólo podría llevarse a cabo en el momento del desenganche de la empresa (fin del contrato) con el Ayuntamiento.

 Pero con todo ese es el problema menor.

El grande y grave, por cómo resolverlo, es el de los trabajadores de la empresa privada que da el servicio.

Hasta ahora la ley dice que si se cambia de empresa para dar el servicio, la nueva ha de subrogarse en los derechos de los trabajadores.

Es decir, si el servicio de basuras tiene 300 trabajadores de la empresa “A”, y luego gana el contrato la empresa “B”, ésta tiene que cargar con los 300 de la “A”, en idénticas o mejores, condiciones laborales.

Pero ¿Y si es el Ayuntamiento quien se hace cargo del servicio; puede quedarse con los 300 trabajadores?.

Pues NO, porque la ley lo impide, ya que dice que nadie puede ser funcionario, ni personal laboral fijo de una institución pública, si no es seleccionado mediante un proceso que garantice la publicidad, la transparencia y la igualdad entre los aspirantes al puesto.

Ante esto, algunos Ayuntamientos dan un rodeo fundando empresas públicas con carácter mercantil (ejemplo en Zamora, SODEZA) que permite contratar a dedo, como en una empresa privada, y ello con el fin de que sigan trabajando en el servicio los que lo estaban haciendo (subrogándolos voluntariamente).

Porqué ese es el problema: ¿Cómo dejar en la calle a trabajadores que tienen empleo, únicamente para ahorra el 6%?

Un problema emocional (se siente pena) y un problema político (se pierden votos).

Pues bien la solución es fácil aunque difícil.

Ya que es la Ley la que dificulta la operación cambio, cámbiese la Ley.

¿Y dónde se cambian las leyes? Donde se hacen, en el parlamento español.

Por tanto ese paso lo deben dar los partidos de izquierdas, con propuestas para cambiar la Ley respecto a cómo entrar a trabajar en las instituciones, introduciendo una excepcionalidad para los casos de las remunicipalizaciones.

Este texto ya es muy largo, y corto, pero sugiero salidas:

1.- Que una vez anunciada una remunicipalización, las bajas de la empresa se cubran ya desde el municipio.

2.- Y el resto de trabajadores, llegado el momento, formarían parte de la institución, o bien sin condiciones, o bien con una modalidad consistente en pasar a ser parte transitoria de la institución, dándoles 3 convocatorias para, mediante una concurso-oposición (donde primarían sus meritos), consolidar su puesto.

Paco Molina. Zamora. 11 de Diciembre del 2016